¿Cuánta descomunicación hasta llegar a una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Con esta entrada inauguro un apartado de este blog dedicado al fracaso de la comunicación en los procedimientos legales.

Comunicación no es solo la información que nos transmiten los medios de comunicación. Comunicación es cualquier relación entre dos o más personas, desde una conversación informal hasta un requerimiento judicial. En ambos casos hay emisor, mensaje y receptor. En ambos casos hay, por tanto, comunicación.

A grandes rasgos, podríamos dividir la comunicación en dos tipos: comunicación libre y comunicación reglada. La comunicación libre es la que recibimos o enviamos libremente y sin sujeción a reglas ni límites. Se trata de la información que nos dan los periódicos, las televisiones, las redes sociales, la información que damos y recibimos por whataspp, twitter, youtube, o en el trabajo o entornos familiares. Aquí cualquiera puede hablar de cualquier tema y no tiene por qué saber un pimiento de lo que está hablando o siquiera ser sincero. Es la comunicación libre de ataduras.

La comunicación reglada es aquella otra que está sujeta a normas y reglas. A procedimientos concretos. Se trata de información y comunicación que no se puede hacer de cualquier manera, pues su importancia y complejidad exigen que se sometan a reglas concretas. Serían formas de comunicarse tales como procedimientos administrativos o judiciales, aunque hay muchos más, como publicaciones en el BOE, contratos de comercio, campañas electorales, suscripciones en la web, etc… Todos ellos son actos de comunicación cualificados, que tienen previstos procedimientos legales, para facilitar así el entendimiento entre las partes y conseguir una mejor solución del asunto concreto. Estos procesos son la interfaz del proceso social.

Pues bien, la práctica diaria pone de manifiesto el absoluto fracaso de esta comunicación reglada. Se trata de un asunto serio y complejo,…pero no pretendo convencer de ello a la primeras de cambio. Creo que desgranando ejemplos concretos podremos entender exactamente el alcance de este fracaso. Hoy expongo un ejemplo sencillo. Hay miles.

Se trata del caso de los extranjeros VLIEELAND BODDY y MARCELO LANNI, que fueron detenidos y estuvieron varios meses en prisión preventiva en España por delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, posteriormente ambos fueron declarados inocentes. Entonces decidieron reclamar una indemnización por los meses perdidos en prisión preventiva. Sin duda una reclamación que cualquiera consideraría legítima.

Pues bien, en España repasaron el expediente hasta 7 instancias diferentes: la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, el Consejo de Estado, el Ministro de Justicia, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y todas ellas desestimaron la solicitud. No fue hasta la octava instancia, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se estimó la solicitud….10 años después ¿Cómo pueden ser 7 instancias legales tan poco productivas?

El asunto no era complejo. Y la solución no era difícil. ¿Cómo puede ser tan costoso recibir una respuesta que a simple vista todo el mundo encuentra evidente? ¿Cómo es posible que una única y simple demanda de dos ciudadanos sea tan difícil de contestar? Se trata sin duda de un proceso de comunicación reglada claramente fracasado.

Por otro lado, este asunto es especialmente interesante, pues el TEDH fue muy crítico con las autoridades españolas que habían desestimado el caso, ya que el argumento de estas fue esperpéntico: tanto el Ministerio como la Audiencia Nacional habían desestimado la indemnización en base a que la Sentencia penal absolutoria «no les había absuelto en base a pruebas de descargo que confirmaran su inocencia, sino en base a la falta de pruebas de cargo suficientes que demostraran su participación en los hechos delictivos». Es decir, las autoridades españolas decían que, aunque les hubieran absuelto, no era seguro que no fueran culpables y, por ello, no pasaba nada si habían estado en prisión preventiva. No es broma. Es así de triste.

Por desgracia la presunción de culpabilidad está extendidísima en España, tiene mucha más fuerza que la presunción de inocencia y, digámoslo claro, opera a diario en los Tribunales de Justicia.

STEDH presunción de culpabilidad

Seguiremos.

 

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